La tarde del martes 23 hemos tenido la oportunidad de ponernos al día respecto al proyecto de concesión de La ruta va desde Pelequén hasta el Puerto de San Antonio, donde una primera etapa hasta cerca del puente de Peumo, será de doble vía, considerando la ejecución de un nuevo puente sobre el río Cachapoal; luego asciende por los faldeos del cerro introduciéndose por
El proyecto considera tres peajes: Malloa con un costo de $ 600.-; Cruce de Alhué, con un costo de $ 950.- y en el cruce anterior a Rocas de Santo Domingo con un costo de $ 650.- sumando un costo total de $ 2.200.-, sin peajes laterales extras. Así mismo, considera una serie de pasarelas y pasos bajo nivel que den solución a la conectividad norte-sur del trazado. Hasta ahí todo bien.
Todo bien hasta que se evidenció un problema no menor que tiene que ver con la participación ciudadana, más allá de la buena disposición de la autoridad responsable. Como cualquiera sabe, todo proyecto de esta naturaleza debe contar con un Estudio de Impacto Ambiental, el que es sometido a la consideración de la comunidad que se verá afectada por la inversión, bajo la figura de “participación ciudadana”, pero sucede que argumentos construidos por la comunidad, ya sea en base al trabajo mancomunado de equipos de profesionales como en el caso de San Vicente, cuyos vecinos se han tomado absolutamente en serio su cuota de participación; o como en el caso de los vecinos de Quilicura, representados en la oportunidad por un dirigente cuya disposición razonada es absolutamente contraria al proyecto en las actuales condiciones, pues destruye el modo de vida de aquella comunidad agrícola; o la situación de los peuminos, que hice presente, a quienes el proyecto no les aclara cuanto afectará la natural relación con el cordón coronado por el cerro Gulutrén, en cuyas faldas reposan los antepasados de la comunidad y al que está ligado la historia fundacional del pueblo; todos estos argumentos, cada una de las observaciones, cada una de las soluciones aportadas, en la práctica pueden no ser acogidas si modifican “sustancialmente” el proyecto original.
Entonces se revela el lado inútil de la consulta ciudadana, pues no tiene carácter vinculante y no estamos hablando de una consulta desprovista de argumentos, de estudio y trabajo de parte de la comunidad, si no de una que ha generado un fuerte movimiento, no de oposición, pues todos estamos de acuerdo en la urgencia de mejorar la vía, si no de mejoramiento del proyecto, a fin de que los afectados vean mejorar su calidad de vida una vez construida la obra.
Entonces aquí el argumento de que una modificación al proyecto retrasará todo el proceso y que dicho retraso sería fatal, o que no se debe demorar por más tiempo la decisión sobre una carretera que nos acompañará por no menos de 30 años imprime urgencia en aprobar lo propuesto sin más trámite (sustantivo) y convierte la participación ciudadana en un ejercicio estéril, meramente formal y estamos claros entonces que ese no es un ejercicio de democracia ni de participación, es sólo su remedo burdo, que terminará por generar un sentimiento de exclusión.
Nuestro gobierno debe procesar esta información y generar los cambios necesarios para que los procesos participativos –a todo nivel- sean vinculantes y comiencen a generar acciones y no sean una condición retórica necesaria por cumplir, pues eso es comodidad administrativa, justamente lo que nos termina haciendo parecidos a muchos otros gobiernos cuya épica no fue la nuestra: la de levantar el valor de la democracia, más allá del valor de las propias vidas… Quizás un poco de memoria nos haría bien para no mentirnos cuando hablamos de participación.
