Un querido colega de Valdivia nos hacía presente las implicancias de la aplicación del Convenio 169 de la OIT y sus impactos en la propiedad de extensas zonas del borde costero y ríos. Según esta norma las comunidades Lafkenche serán objeto de sesión de estos territorios acuícolas, y claro, de ahí un paso para que otros privados “arrienden o compren” un bien escaso y que requiere capital para su explotación.Como presidente de la Comisión de Fomento Productivo del Core de O’Higgins, hace un año estamos tratando fuertemente el tema del agua y esta noticia proveniente de Valdivia da una buena oportunidad para persistir en una propuesta que durante la última campaña (y única) en que hemos tenido un precandidato a la presidencia de la República, los Radicales pusimos sobre la mesa, que es el problema del Agua.
El Senador Anselmo Sule es recordado aún por haberse negado a la privatización de las sanitarias, a contrapelo de la posición mayoritaria de la Concertación. Hoy su ejemplo aún vale, pues somos el único partido que ha planteado con vigor que se debe revisar el problema de la propiedad del agua.
La Constitución de Bolivia en su Artículo 20, título III señala:
“El agua y alcantarillado constituyen derechos humanos y no son objeto de concesión ni privatización”.
De hecho, el Estado Boliviano esta semana realizó una presentación ante la ONU para aumentar con este Derecho la Carta de los Derechos Humanos.
Toda esta larga vuelta no es más que para ratificar que nuestro esfuerzo debe encaminarse en la vanguardia y hoy la vanguardia está en la sustentabilidad de nuestro desarrollo y ese desarrollo está ligado indefectiblemente a un modelo económico distinto cuyos ejes no son los actuales por los motivos que ya conocemos (a más abundamiento la Casen).
La propiedad del agua (en cualquiera de sus formatos) es vital para el futuro. En nuestra región basta que un gran proyecto minero compre los derechos de agua transables y deje los valles aguas abajo convertidos en secano, o como está ocurriendo en la Comuna de Pichidegua (Alcalde Radical) donde una termoeléctrica pretende instalarse, a pesar de nuestra oposición, en el corazón del valle agrícola, sin ninguna certeza respecto a los impactos en las aguas subterráneas que hoy sirven a la agricultura y también al consumo humano.
El Partido Radical debe persistir en señalar que la propiedad del agua debe ser de todos los chilenos y no de los que puedan pagarla. Sin duda en el caso de Valdivia, con los derechos de agua que serán entregados en virtud de la aplicación del 169 emigrará rápidamente a la compra de derechos a las comunidades y la privatización de extensas áreas acuícolas. La aplicación del tratado en este caso es un verdadero caballo de Troya que debe ser anunciado y denunciado.
