El contexto de este documento es el movimiento ciudadano a favor de la educación pública, las doce propuestas de la Confech, las propuestas del Gobierno, las propuestas de Educación 2020 y muchas otras que pudiéramos enumerar.
Pero en lo central, la discusión sobre educación ha ido desarrollándose en dos bandas: una liderada por los estudiantes con asesoría del centro de estudios del PC, que con éxito han posicionado la consigna de “fin al lucro”; y la otra por el Gobierno, que contesta la consigna con dos consignas más: GANE y FE, que no cejan en el proceso de mercantilización de la educación impuesto por la Dictadura y profundizado por la Concertación.
En este contexto, en la discusión general ha aparecido la apuesta de la salida de la educación del ámbito del mercado mediante una reforma constitucional, de allí el movimiento paralelo por una Constituyente, que aunque no ha cobrado fuerza, si cuenta con un espacio dentro del discurso público. Este elemento llama la atención por su candidez, al sostenerse en la quimera de que un cambio en la Constitución, sin la construcción de una fuerza social que sostenga las transformaciones, puede ser redentor para el problema de la educación.
Mención aparte merece el proceso de desmunicipalización, que unos han visto como la oportunidad de que el Estado vuelva a asumir el liderazgo al que abdicó respecto a la educación y otros, la oportunidad de reformular un sistema que fracasado, requiere urgentemente una reformulación, mediante la figura de un aparato descentralizado y no desconcentrado, lo que contiene una diferencia capital en sí, en oposición a la visión de “una sociedad docente” como ha planteado el Presidente.
La desmunicipalización ante su imposibilidad, había sido enarbolada como una amenaza sostenida por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades, pero sólo bastó el que ello se pusiera en serio dentro de la agenda y los municipios han saltado desesperados por tal posibilidad. Ello se explica por la utilización de la chequera educacional impunemente (no porque si, sino porque hay imposibilidad de aplicar el rigor de la Ley a todos los municipios – cuestión refrendada por la administración Mendoza en Contraloría) y por otro lado, porque se terminaría con la única instancia en que los Alcaldes pueden contratar personal que subsidie a la planta municipal.
Ahora bien, la figura del órgano desconcentrado, nos debe hacer pensar en la jugada que harán los Conservadores con anuencia de los Progresistas, para asegurar la expansión del mercado de la educación en contra de la provisión estatal, que es en definitiva el norte que podemos colegir del estudio de los distintos documentos que han nutrido la discusión de estos días.
La experiencia chilena del extremo de la mercantilización de un área o sector, con la promesa de una oferta floreciente que sea capaz de impulsar mejoras a la calidad de las prestaciones por competencia, como ha sido el caso de las AFP, las ISAPRE, el crédito, entre otras; con el tiempo han dado paso a restricciones que a su vez han producido una contracción conservadora que termina en la concentración del capital, cerrando la oferta a unos pocos actores que terminan por cooptar el mercado e imponer condiciones pactadas bajo cuerda, como lo recuerdan las numerosas denuncias de colusión y falta de transparencia en mercados como los antes mencionados.
En el caso de la educación, una expansión bárbara y descontrolada a lo “Friedman” ha llevado a niveles de escándalo la precariedad de la oferta, con especial énfasis en la calidad, un concepto difuso que ha dado para muchas columnas de opinión, pero que en la práctica se expresa en condiciones niveladoras capaces de debilitar la reproducción de las particularidades de la cuna. Entonces hoy se pretende impulsar un cambio legal que regule el lucro, plataforma de lucha exclusiva de las actuales movilizaciones, pero nosotros, conociendo la lógica que inspira dicha caracterización, podemos colegir que ella opta entre educación con lucro y sin lucro, desconociendo la verdadera y más medular contradicción: la construcción de un sistema de educación público, nacional, de calidad e integrador, o la sustitución de este por uno de provisión privada, particular y segregadora, pero con financiamiento público.
Al igual que ayer en otras instancias históricas, una parte de la izquierda insta a una salida media, una salida que no resuelve las inequidades del sistema. Con la petición expresa del fin al lucro, no se dice nada sobre un modelo que tenderá a replicar lo visto en otros escenarios, llevando a una concentración del sistema educativo, una abierta competencia con el sistema estatal y una pretendida mejor gestión privada que terminará por hacer declinar la educación estatal, escondiendo su espíritu de clase y segregacionista.
¿Pero se podría decir que si hay una buena administración, si los privados maximizan los resultados, qué de malo hay? - Pues, el arbitrio ideológico campeará y el reclamo por una educación pluralista, con sentido de nación, se verá perdida en una posición dominante y excluyente, donde el bien común del pueblo se verá soslayado y sustituido, como la que se da en los medios de comunicación, por ejemplo.
Financiar con plata de todos las confesiones y principios morales de algunos (que mediante el poder del dinero tengan capacidad de mejorar su posición en el mercado de la educación) podría señalarse como lícito? Creemos que no.
Finalmente, la visión de crear movimientos parcelados, que se esconde tras la consigna de que ahora es la educación y mañana la salud y las AFP, es otra política errada de una parte de la izquierda. Ese “etapismo” tampoco es conducente. Urge que el movimiento que se ha alzado sea capaz de articularse con las otras demandas ciudadanas y vigorizar sectores sociales que hoy son periferia del movimiento estudiantil y que esa articulación sea por la vía de un referente político de nuevo cuño, un nuevo referente político que supere la fórmula Concertación+PC, acomodado al binominal, porque de persistir se quedan fuera las expresiones mayoritarias de descontento social y político que se mueven como un león enjaulado en la calle y que el Partido Radical ha reconocido como actores relevantes, contra el enojo de las élites.
El Partido Radical ha sido capaz de mostrar un compromiso verdadero con la ciudadanía –como se demostró en la primaria con Gómez a la cabeza-, haciendo realidad la consigna de que ni Conservadores, ni Progresistas podrán dar solución a la actual coyuntura que marca un cambio de período, dando los primeros pasos a la superación de la postdictadura o de Democracia Protegida, para abrir el horizonte a uno en que podamos construir una Democracia de verdad, con un compromiso decidido contra el binominal, contra la promoción de una educación clasista, segregadora y particular con dinero de todos los chilenos, contra la concentración del mercado de la educación y que bregue por la desmunicipalización por la vía de un sistema público, territorialmente descentralizado, con tuición del Estado en el financiamiento completo, y regulado en lo curricular. Pero junto con ello, se debe dar fuerza a un movimiento social y político que ponga en jaque todas las inequidades que Chile no soporta más.
Esa es la lucha que estamos dando los Radicales contra el acomodo de Conservadores y Progresistas.
